Sofía Bustos.
7 de marzo de 2023. Valparaíso, Chile – En un momento clave de reflexión social en Chile, donde las demandas por equidad en salud, educación y justicia se sitúan al centro del debate público, un derecho fundamental sigue relegado en las discusiones constitucionales: el acceso igualitario a una alimentación de calidad.
Aunque el derecho a la alimentación ha sido reconocido internacionalmente como un derecho humano —destacado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales— en Chile este no figura explícitamente en la actual Constitución. Esto abre una ventana histórica para su consagración en el nuevo pacto social, garantizando a la ciudadanía una alimentación sana, nutritiva, sostenible, segura y asequible.
Uno de los principales obstáculos es el impacto de la globalización en los sistemas alimentarios. Los tratados de libre comercio han favorecido la masiva entrada de productos ultraprocesados: alimentos baratos, duraderos y fáciles de transportar, pero con graves consecuencias para la salud pública. Esta invasión alimentaria ha erosionado tradiciones culinarias y disparado los índices de enfermedades crónicas no transmisibles.
En contraste, la agricultura familiar campesina —que abastece buena parte de los alimentos frescos y saludables que se consumen a nivel local— enfrenta serias barreras para integrarse a los mercados formales. La falta de incentivos, apoyo a la innovación, infraestructura y canales de comercialización limita su capacidad de ofrecer alternativas sostenibles y de calidad a los consumidores. Esto no solo excluye a los productores, sino que margina a las familias más pobres que ven cada vez más restringido su acceso a una alimentación adecuada.
Chile ostenta hoy el primer lugar en obesidad adulta entre los países de la OCDE. La Encuesta Nacional de Salud 2017 revela que las mujeres, personas con menor nivel educativo y quienes viven en zonas rurales son los grupos más afectados. Estas cifras evidencian cómo los determinantes sociales inciden directamente en la salud nutricional, profundizando la desigualdad y la pobreza estructural.
El fenómeno de los «desiertos alimentarios», territorios con escaso acceso a alimentos frescos y nutritivos, agrava esta situación. Se trata de una realidad que perpetúa patrones alimentarios poco saludables y socava la posibilidad de un desarrollo equitativo.
Diversas políticas públicas como las compras locales de la JUNAEB, las ferias de INDAP o la estrategia de desarrollo rural de ODEPA han buscado cerrar las brechas entre productores y consumidores. Sin embargo, aún son insuficientes para garantizar un abastecimiento justo y sostenible de alimentos saludables en todo el país.
La transformación de los sistemas alimentarios requiere voluntad política, acción colectiva y coordinación entre actores: Estado, sociedad civil, academia, productores y organismos internacionales. Solo así será posible construir un modelo más inclusivo, equitativo y resiliente que reconozca la alimentación de calidad como un derecho inalienable.
